Rafael Louzán, el nuevo presidente de la RFEF, enfrenta desafíos jurídicos y políticos
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha elegido a Rafael Louzán como su nuevo presidente, sucediendo a Luis Rubiales. Louzán, hasta ahora presidente de la Federación Gallega, ha obtenido un amplio apoyo de los diferentes estamentos del fútbol español, lo que le ha permitido superar a su oponente, Salvador Gomar. Sin embargo, su presidencia comienza bajo la sombra de una condena judicial y tensiones políticas.
La sombra de la Justicia
Louzán debe presentarse ante el Tribunal Supremo el 5 de febrero para conocer la resolución al recurso de casación presentado por él mismo. Ese recurso es contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que le inhabilita durante siete años para ejercer como cargo público por prevaricación que data de 2013. Louzán mantiene que no hay base para que se mantenga la condena, argumentando que el procedimiento administrativo fue adecuado según la ley de contratos del Estado de entonces.
La opinión del CSD y el Gobierno
El Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Gobierno tienen serias dudas sobre la legalidad de la presidencia de Louzán, ya que consideran que su condena le inhabilita para ocupar un cargo público. Sin embargo, Louzán sostiene que la presidencia de la RFEF no es un cargo público y queda fuera del contexto de la condena.
La relación con el alcalde de Vigo
Louzán también enfrenta tensiones políticas, especialmente con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El alcalde socialista acusa a Louzán de haber actuado para excluir a Vigo como sede del Mundial 2030, alegando que lo hizo bajo las órdenes de la Xunta. Louzán ha negado estas acusaciones.
El futuro de la RFEF
La presidencia de Louzán comienza en un momento crítico para la RFEF, ya que la institución enfrenta desafíos jurídicos y políticos. Louzán ha prometido trabajar para pacificar y cambiar la RFEF, pero su capacidad para hacerlo dependerá de su capacidad para superar los obstáculos que se le presentan.
- El 5 de febrero, Louzán debe presentarse ante el Tribunal Supremo para conocer la resolución al recurso de casación.
- La condena de Louzán data de 2013 y le inhabilita durante siete años para ejercer como cargo público.
- El CSD y el Gobierno tienen serias dudas sobre la legalidad de la presidencia de Louzán.
